El papel de los medios

El otro monopolio del Grupo Clarín

Por Jorge Déboli, de la redacción de Informes

Para la dirigencia de nuestro país, especialmente para los referentes políticos, salir en Clarín significa de por sí un valor agregado en su carrera, de ahí la famosa frase “si salís en Clarín, existís”. Por el contrario, aquellos que intentaron moverse independientemente como el ex senador radical Ricardo Lafferriere, el primero que osó promover una nueva ley de medios
tras el retorno de la Democracia, literalmente fue borrado de los medios, desapareciendo así de la escena política.

Luego de casi 26 años de restablecido el orden democrático en nuestro país, en cuyo transcurso fueron varios los intentos frustrados por reemplazar la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, finalmente el Senado de la Nación sancionó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).Una ley que llevó un trámite inédito en la historia legislativa argentina, cuyo pre proyecto tuvo la característica de “anotado” similar al Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, además de debatirse y nutrirse de aportes modificaciones en 24 Foros y más de 80 charlas- debates realizados en todo el país.Pero porqué tanto ruido, tanta resistencia por parte de los propios monopolios y oligopolios informativos y de sus voceros, principalmente los periodistas y políticos que militan en la oposición. Es que el entramado informativo que pudieron construir a partir del decreto ley 22.285, firmado en 1980 por Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, y aún “mejorado” en los ´90 por el menemato, les otorgó tal poder mediático, que llegaron a disciplinar a los a los poderes del Estado, a los partidos políticos, a las empresas, sindicatos y demás instituciones, constituyéndose de esa forma, en los garantes de la gobernabilidad en la Argentina.

El monopolio del papel
Un tema que es crucial en cuanto afecta la pluralidad informativa y la libertad de información, lo representa la provisión de papel para diario, insumo éste, que a pesar de fabricarse en el país en la planta que Papel Prensa tiene en el distrito bonaerense de San Pedro, con materia prima argentina, mano de obra argentina, y tarifas de energía argentina, en el mercado interno los diarios que están excluidos como clientes de esa empresa, lo llegan a pagar el doble de lo que abonan sus accionistas principales, los diarios Clarín y La Nación.Si bien la Ley de SCA que acaba de aprobarse, no contempla en su articulado ninguno vinculado a la prensa escrita y mucho menos a los contenidos, sus efectos sin duda se harán sentir en los próximos meses, en beneficio de una inmensa cantidad de medios gráficos que actualmente deben proveerse de papel para imprimir sus ediciones importándolo de Chile, Canadá o Europa, o comprándoselo a revendedores.

Competencia desleal
En el país la prensa gráfica consume anualmente unas 250 mil toneladas de papel para diario. Papel Prensa fabrica anualmente 170 mil toneladas, de las cuales 40 mil son consumidas por La Nación, 100 mil por Clarín, por las que abonan menos de 500 dólares la tonelada, y las restantes 30 mil toneladas, se venden a determinados diarios no accionistas, en cuotas, por arriba de los 650 dólares.Sin embargo, la inmensa mayoría de los medios gráficos locales que por su escala no pueden importar ni comprar en grandes cantidades, pagan a revendedores de papel importado o de la fábrica Papel Prensa, cerca de 1000 dólares la tonelada.En los últimos meses, debido a la caída mundial del consumo de papel, y en particular a la estrepitosa caída en la venta del principal diario de la Argentina, el precio internacional del papel en la Argentina comenzó a bajar, y Papel Prensa a ampliar las cuotas de papel que tenía con sus clientes, pero aún así, estos y aquellos medios gráficos que están excluidos de dichas cuotas, siguen sintiendo el rigor de la competencia desleal que plantean los dos principales diarios de la Argentina.

Caso testigo
El caso más emblemático lo representa el diario Crónica, que cuando se inauguró Papel Prensa vendía 700 mil ejemplares por día contra 300 mil de Clarín. Según refiere el editor del diario Perfil, Jorge Fontevecchia en su edición del pasado domingo, Crónica fue cayendo progresivamente su venta de ejemplares hasta ser hoy “menos del 10%” de aquella, mientras Clarín llegó a duplicar antes de la debacle de 2001,respecto de hace treinta años .“En un diario como Crónica el papel llegaba a representar más de la mitad de todos los costos, y al pagar hasta el doble de precio por él –dice el editor-, tuvo que entregar un diario con la mitad de páginas de Clarín pero al mismo precio. Así, a lo largo de las décadas, muchos de los lectores que iba perdiendo Crónica se pasaron a Clarín porque les daba más por menos. Después de una generación acostumbrada a Clarín, ¿quién podría cambiar ese hábito?, se pregunta Fontevecchia.

Ataque preventivo
Antes que el Congreso Nacional sancionara la nueva Ley de SCA, llamó la atención una denuncia del Grupo Clarín contra el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien supuestamente habría amenazado durante una reunión realizada el pasado 18 de septiembre a funcionarios representantes oficiales en Papel Prensa, donde el Estado Argentino tiene algo menos del 30 % de las acciones.Según la publicación, el ex empleado de Multicanal (Grupo Clarín) Carlos Collasso, síndico de la empresa Papel Prensa representando al Estado, denunció frente a un escribano público (¿?) lo que había escuchado en dicha reunión: que era intención del Secretario Guillermo Moreno que “el Estado compre las acciones de Papel Prensa” a los diarios Clarín y La Nación; que luego de preguntar por el valor de las acciones manifestó que “había que encontrar el modo de hacerlas bajar o si no el Estado iba a tener que expropiar la sociedad”. También, en la declaración ante dicho escribano, que luego “negoció con el grupo”, el ex funcionario de Grupo Clarín, que según una fuente inobjetable de Papel Prensa, “Collasso está económicamente quebrado”, dice que dijo: “afuera están mis muchachos, expertos en partirle la columna y hacerle saltar los ojos a quien hable”, habría amenazado Moreno a sus interlocutores.

Ofensa
Para los que por profesión conocemos la reserva con la que especialmente se manejan los funcionarios políticos de rango como es el caso de Moreno, con los funcionarios de línea, realmente ofende nuestra inteligencia. Claro, como a Moreno le vienen pegando de hace bastante tiempo por sus “malos modales”, en una audiencia (lectores de diarios, televidentes y radioescuchas) estresada por el permanente mensaje apocalíptico y desesperanzador, creen que puede llegar a ser creíble. Lo cierto es que las audiencias, ya no comen vidrio. La pérdida de venta de ejemplares del diario de mayor tirada en la Argentina, desde noviembre de 2007 (anterior al conflicto con las patronales agropecuarias) hasta agosto de este año, que una fuente de los distribuidores de diarios cuantifica en alrededor de 150.000, así lo indica, cosa que no ocurre con los medios gráficos locales que siguen una agenda como siempre lo hicieron reflejando los temas de interés de su comunidad; en el mismo período aumentaron sus ventas de ejemplares o en el peor de los casos, la mantuvieron estable. Sólo desaparecieron aquellas que nacieron para fines no comunitarios.

Bajas expensas

La evasión del impuesto inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires

El holding Bunge y Borg es propietario de 110 mil hectáreas en la provincia de Buenos Aires: el valor de mercado de esa tierra supera los 4000 millones de pesos. Pero su valor fiscal es de apenas 754 millones de pesos. Por ese motivo abona de impuesto inmobiliario sólo 46 mil pesos mensuales, el 0,00013 por ciento del valor real de los campos. El castillo La Candelaria, construido por el arquitecto francés Molière en 1840, tiene 1200 metros cubiertos, con un parque de 340 hectáreas, diseñado por el prestigioso paisajista Carlos Thays, y un total de 8000 hectáreas sembradas con soja. En 2008 tributó de impuesto inmobiliario 4453 pesos mensuales.

Una investigación del periodista Roberto Navarro, sobre la concentración de la propiedad de la tierra en la Provincia de Buenos Aires, desnuda un mito al que a veces muchos argentinos nos sumamos como causa justa, inducidos por la información interesada que nos brindan los oligopolios informativos: atacar la renta extraordinaria de los terratenientes por intermedio del sistema impositivo que posibilite una mejor redistribución de la riqueza, es ir contra el campo.En la provincia de Buenos Aires, los cincuenta propietarios rurales más grandes concentran en total 3,2 millones de hectáreas. Estos terratenientes pagan por el impuesto Inmobiliario Rural, en proporción, veinte veces menos de lo que abona en un centro urbano el dueño de un departamento de dos ambientes. La concentración del campo incrementa el poder de lobby de los grandes propietarios a nivel político y mediático, que deriva en que el tímido incremento implementado por el gobernador Daniel Scioli fuera catalogado como “impuestazo”.En la provincia de Buenos Aires los 50 propietarios rurales más grandes concentran en total 3,2 millones de hectáreas. Estos terratenientes pagan, en proporción, veinte veces menos de lo que abona en un centro urbano el dueño de un departamento de dos ambientes. Aun así, las entidades agropecuarias preparan protestas para resistir un incremento impositivo que igual seguirá manteniendo el gravamen en valores ridículamente bajos.En el 2000, una hectárea de tierra en Pergamino costaba 3000 pesos y pagaba de impuesto inmobiliario 22 pesos; en la actualidad su valor alcanza los 40 mil pesos, treinta y tres veces más, y el impuesto es de 82 pesos, que sólo se multiplicó por cuatro. Es decir que, en valores reales, pagan sólo el 12 por ciento de lo que aportaban hace nueve años. Con el aumento que aprobó la Legislatura provincial, pasará a contribuir apenas el 15 por ciento de lo que pagaban en el 2000. Este tibio aumento desató la furia de la Mesa de Enlace provincial, que amenaza con un paro.
Un informe elaborado por los especialistas del sector, Osvaldo Barsky y Leonardo Fernández, revela que en el último Censo Agropecuario se detectó una disminución del 21 por ciento de unidades productivas: “Tal disminución obedece a la caída de campos de menos de 500 hectáreas”, explicaron. Las unidades de entre 500 y 5000 hectáreas ganaron 3,5 millones de hectáreas desde el último censo. Y las de más de 10 mil sumaron un millón de hectáreas más. Esta concentración, que va dejando el campo cada vez en menos manos, incrementa el poder de lobby de los grandes propietarios, tanto a nivel político como mediático.

Concentración
Amalia Lacroze de Fortabat posee en la provincia de Buenos Aires 105 mil hectáreas por un valor de 3940 millones de pesos. Pero tributa impuesto inmobiliario por el valor fiscal que es sólo de 685 millones de pesos. En 1995, cuando un dólar cotizaba por ley a un peso y la actividad agropecuaria apenas sobrevivía, el precio promedio de la tierra en la provincia era de 2000 pesos y el ente recaudador bonaerense cobró en concepto de impuesto inmobiliario 151 millones de pesos. En 2008, con un valor promedio de la tierra de 31 mil pesos, quince veces más, recaudó 435 millones de pesos, menos de tres veces más que 1995.La fuerte concentración de la tierra en el territorio bonaerense llevó a que los primeros 1566 propietarios ya cuenten con 7,9 millones de hectáreas, en 32 por ciento del total. El resto del campo se reparte entre 102 mil propietarios. Los grandes dueños de la tierra no sólo vieron multiplicarse por treinta el valor de sus campos, también su rentabilidad. Según datos de la Consultora Agropecuaria SEA, en 2001 una hectárea de soja en Pergamino arrojaba una ganancia de 155 pesos; en la actualidad, la revista Márgenes Agropecuarios señala que una hectárea en esa zona obtiene una utilidad de 2400 pesos mensuales, un 1500 por ciento más que hace ocho años. En ese período el impuesto inmobiliario pasó de 43 a 82 pesos, lo que equivale a una suba de menos del ciento por ciento.

Privilegio
El Haras San Benito, situado en San Antonio de Areco, tiene un valor de mercado de 6,8 millones de pesos. De ese total, 5,6 millones corresponden al precio del casco de la estancia. En 2008 pagó de inmobiliario 172 pesos mensuales. Una particularidad de la legislación que regía el impuesto inmobiliario hasta la reforma de la semana pasada era que los cascos de las estancias no tributaban impuesto provincial, salvo en los casos en que el valor de lo construido superara en diez veces el precio de la tierra. Por ejemplo, para que un casco de una estancia de 500 hectáreas en la zona de Rojas pagara impuesto tenía que costar más de 50 millones de dólares. Así, prácticamente ningún casco de campo de la provincia tributaba el impuesto inmobiliario.En Inglaterra, una de las cunas del liberalismo económico, existen decenas de clubes privados de campo que funcionan en estancias con castillos centenarios. El fisco inglés les cobra una tasa diferencial del 0,5 por ciento anual, por considerarlas propiedades suntuosas. Un ejemplo similar en el país es la Estancia La Macarena, en Exaltación de la Cruz. En su castillo se reúnen algunos de los personajes más ricos del país. En La Macarena disfrutan de la caza y del avistamiento de aves, entre otros entretenimientos. La propiedad tiene un valor de mercado de 4,1 millones de pesos. En 2008 tributó en concepto de impuesto inmobiliario 142 pesos por mes.

Comparaciones
La injusticia del Inmobiliario Rural se nota claramente comparándolo con lo que pagan los propietarios de unidades urbanas. Un departamento de dos ambientes en Haedo, de un valor fiscal de 92 mil pesos, pagó en 2008, 452 pesos de inmobiliario, el 0,5 por ciento. Un hotel en San Martín, valuado por el fisco bonaerense en 4,4 millones de pesos, abonó el año pasado 49.285 pesos, más del uno por ciento. El Haras Cinco Vientos, en General Madariaga, con una bajísima valuación de 721 mil pesos, pagó 2877 pesos, el 0,28 por ciento de ese valor fiscal.Cuando Cristóbal Colón llegó a América, la nobleza europea no pagaba impuestos. Ni trabajaba. En la actualidad, el espíritu de los sistemas impositivos es que los gravámenes cumplan una función redistributiva. Pero, luego de 500 años, en el país la situación no ha cambiado mucho. La impresionante concentración de la riqueza, en este caso de la tierra, resulta en que los grandes propietarios ostenten un poder de lobby sobre políticos y medios de comunicación que les permite pagar, en proporción, mucho menos en impuestos que la clase media y baja. En Santa Fe no se actualiza el impuesto inmobiliario desde 1992. El Congreso provincial no aceptó una reforma que propuso el gobernador socialista Hermes Binner el año pasado. El tímido incremento implementado por Scioli en Buenos Aires fue catalogado por la mayoría de los medios de difusión como “Impuestazo”. Así, los dueños de la tierra siguen estando entre los privilegiados que tributan menos impuestos en el país.

Caso Papel Prensa: Testimonio vivo de un saqueo

Por Jorge Déboli, de la Redacción de Informes

Osvaldo Papaleo, -papá de la conocida actriz Carolina -, encarcelado y torturado durante la última Dictadura Militar, fue el Secretario de Prensa del gobierno peronista en 1975; Jefe de Prensa de la Renovación Peronista en los ‘80 y luego, entre 1987 y 1991, funcionario del gobierno bonaerense que encabezó Antonio Cafiero. Hoy Papaleo está dedicado al negocio del teatro y del cine, pero a partir de su participación en las audiencias públicas que se realizan en el Congreso Nacional para debatir la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en reemplazo de la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, reapareció en el escenario político, y comenzó a echar luz a un tema que la corporación mediática ocultó todo este tiempo.

En una entrevista al diario dominical Miradas al Sur, realizada por el periodista Felipe Deslarmes, Papaleo, hermano de Lidia y tío de Isidoro Graiver, cuenta como ambos, fueron obligados a entregar las acciones de Papel Prensa a favor de los diarios Clarín, La Nación y la Razón, por parte del régimen genocida que encabezaron Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz.
Papaleo comienza su relato contextualizando el origen de la fábrica argentina de papel para diario “Papel Prensa”, explicando que “era una sociedad que tenía la familia Graiver en un 75% y el Estado nacional en un 25%. Se había constituido a fines de la década del ’60. De a poco se fue transformando en una planta importante en la zona de San Pedro y Baradero, por la explotación del papel nacional y por la producción, de papel para los diarios. Hasta ese entonces había una enorme cantidad de papel que se consumía y se tenía que importar, cuestión que era bastante onerosa para los medios gráficos nacionales”, - reseña el empresario teatral-, cuyo cuadro completa precisando que en marzo de 1977 fueron detenidos casi la totalidad de los miembros de la familia Graiver: el padre, la madre y la esposa de David Graiver, quien había fallecido el 7 de agosto de 1976 en un “accidente aéreo” en México.

Luego el ex marido de la actriz Irma Roy, relata que “si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos”, revela Papaleo.

Plan sistemático
Pero el plan de la Dictadura para “favorecer” la gestación del monopolio mediático, no se limitó sólo a “escriturar” la transferencia de acciones de Papel Prensa, sino que contemplaba otras acciones como el secuestro del periodista Jacobo Timerman, que por entonces dirigía el diario La Opinión, y del cual era propietario David Graiver. “Así se iba desarrollando la política de los medios. A su vez, un tribunal de guerra condena a la familia Graiver en base a declaraciones arrancadas bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco de Bernal. Yo también soy detenido y paso nueve meses en el Puesto Vasco” – y acota- “la familia Graiver es blanqueada, al igual que Jacobo Timerman, pero queda detenida. Yo salgo a los nueve meses y me voy del país”, reseña el ex Jefe de Prensa de la Renovación Peronista, testigo directo y sobreviviente de la época más oscura y sangrienta de nuestra historia contemporánea.

La operación

En la entrevista, Papaleo hace un relato pormenorizado de la ingeniería jurídica que se utilizó para llevar adelante la operación: “A partir de allí empezamos a intentar que la familia Graiver fuera juzgada por la Justicia Civil y no por la Justicia Militar. Luego los Graiver fueron incluidos en lo que se llamó el “acta institucional”, donde había muchos dirigentes políticos, como Lorenzo Miguel, Jorge Taiana, Carlos Menem, entre otros. El acta significaba que uno perdía los derechos civiles y económicos. Esto significa que todos los bienes de la familia pasaban a estar en manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial (Conarepa). Por lo tanto, el 75% de Papel Prensa pasa a estar en manos del Estado. A fines del ’78 se convoca a una asamblea para tratar el tema accionario de la empresa. En ese momento me reúno con el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, quien me advierte que se va a realizar una multiplicación de las acciones y la posterior cesión a Clarín, La Nación y La Razón. Con la multiplicación, las empresas se aseguraban la posición dominante por más que la familia Graiver recuperara sus acciones. De esa asamblea no pudimos participar, nos fue prohibido”, asegura Papaleo.

El monopolio
“Así Clarín compró Papel Prensa, con la familia Graiver detenida y juzgada por un tribunal de guerra de la dictadura”, denuncia Papaleo, y agrega, “a partir de allí, Clarín ejerció el monopolio de la venta de papel para diarios”. Relato éste, que concuerda con los del fundador de Ambito Financiero, Julio Ramos, el de Héctor Ricardo García, ex propietario de Crónica”, y uno más reciente, el de Jorge Fontevecchia, editor del diario Perfil, quizá la pluma más brillante de la derecha argentina, sintetizada en la frase: “acceder al papel nacional a un tercio menos del valor era la diferencia entre ganar o perder plata con un diario, y Clarín disciplinaba a sus colegas permitiéndoles o negándoles la posibilidad de comprar Papel Prensa”.

La nueva Ley
Si bien la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no incluye a los medios gráficos, Papaleo considera que “ésta es una forma de limitar a Clarín y otros grupos que imitan a Clarín en la monopolización de los servicios. La estructura básica de Clarín se sustenta en el diario, después se le cedió un canal de televisión y a partir de allí hizo una cadena de comunicación impresionante en todo el país, que ha convertido a los medios de comunicación de la Argentina en una actividad empresaria sin ningún tipo de ética profesional”, dispara Papaleo, sobre una de las páginas negras de la historia reciente que refiere a los medios de comunicación, y remata: “Clarín ha generado en el interior del país verdaderas cadenas que impiden la expresión libre de organizaciones, de sectores empresarios, de ONG y de universidades. Este país está monopolizado por el Grupo Clarín. Esta ley abre ese camino. Si bien esta norma no habla de medios gráficos, es importante lo de Papel Prensa para entender quién habla de “ley mordaza”, y advierte: “el Gobierno ahora sí va a enfrentar un violento ataque bajo métodos sutiles. La difusión violenta de los piquetes y todo lo que ha aparecido en el último tiempo”.

Sin espacio para la publicación de la causa Noble

Según se destaca en Diarios sobre Diarios (DsD), el diario porteño Página/12 fue el único que publicó la noticia vinculada con el caso Noble, inaccesible en su sitio web.

“Abogados de Abuelas de Plaza de Mayo y de Ernestina Herrera de Noble argumentaron a favor y en contra de ampliar el objeto de la investigación sobre los niños adoptados en 1976 por la dueña de Clarín”.
Según el diario, “La audiencia fue en la Cámara Federal de San Martín, que debe pronunciarse sobre la resolución del juez Conrado Bergesio de extender las averiguaciones a veintidós familias que reclaman por menores desaparecidos antes de las adopciones”. El medio agregó que “Carlos Espinosa, abogado de Herrera de Noble, sostuvo que la medida pedida por Abuelas ‘excede el objeto procesal inicial’, que según él se acota a dos familias que comenzaron la causa”.

Abogados constitucionalistas a favor de una nueva ley de medios

En otra semana de audiencias publicas para el debate del proyecto de ley de medios, constitucionalistas, representantes del sector gremial y de organizaciones de derechos humanos, apoyaron el proyecto pero con diferentes matices.

Mientras el oficialismo aspira llevar el proyecto de ley de Comunicación Audiovisual la primera semana de octubre al recinto, el debate se sigue dando en comisiones.
Distintos abogados constitucionalistas coincidieron en las audiencias públicas con la necesidad de definir una nueva ley "que termine con la de la dictadura", aunque con distintos puntos de vistas
En este sentido, el constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente esta ley como para seguir esperando".
"Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, y para lo cual esta ley nos da la posibilidad", aseveró Arzac.
"No cabe duda que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio", planteó el constitucionalista Arzac, quien hizo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional -que se refiere a la defensa de la competencia- y sostuvo que "bajo esa óptica" debe analizarse la norma.
En tanto, su colega Daniel Sabsay opinó que, "si bien el proyecto de ley resulta sumamente atractiva en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, sin embargo los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones".
En este punto, el abogado criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió constituye una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios dispuesto por la norma.
"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".
La semana de debate fue abierta por organismo de derechos humanos y representantes del sector gremial, que si bien expresaron su apoyo, algunos reclamaron modificaciones en los puntos polémicos.

Organizaciones sociales: Lucha incesante por la verdad y la justicia

Esencia del hombre, los derechos humanos deben ser garantizados por todos los Estados. Aunque en Argentina las organizaciones sociales preocupadas por su cumplimiento no tienen una larga historia, su lucha y logros son reconocidos en todo el mundo.


“La lucha es permanente”, es la frase que se repite una y otra vez en la boca de los referentes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Lejos de parecer angustiosos, reflejan la esperanza y el compromiso que tienen con los más vulnerables de la sociedad. Buscan mantener viva la memoria de nuestro pasado más reciente para que no vuelva a ocurrir. Buscan crear conciencia. Buscan justicia.
De acuerdo con los parámetros internacionales, los Derechos Humanos “son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual”.
Luego de los horrores que dejó la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Aunque ya pasaron 61 años de su reconocimiento, hoy se siguen violando derechos fundamentales.
La mayoría de los organismos que trabajan por la defensa de los derechos humanos en argentina nacieron durante la última dictadura militar, cómo órganos de denuncia a las violaciones cometidas por el gobierno y de apoyo a familiares y víctimas. Una vez llegada la democracia, estas organizaciones, junto a otras que fueron surgiendo, se dedicaron a luchar por la recuperación de la identidad de las víctimas, la reivindicación de la militancia y la memoria. Hoy trabajan también para defender a los que sufren la represión institucional y la opresión. (Continúa en pag 6)

APDH
Hacia 1975 y en coincidencia con el aumento de la violencia y violación de los derechos fundamentales, se creaba en Argentina la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una autoconvocatoria de diferentes personalidades del mundo de la cultura, la religión y la política.
Entre los miembros más destacados que pasaron por el organismo se reconocen a Raúl Alfonsín, Alicia Moreau de Justo, y el socialista Alfredo Bravo, entre otros.
Pionera en la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, las actividades que hoy se realizan están vinculadas a la defensa del derecho a la salud, a la educación, al trabajo de manera integral. Pero según cuenta Miguel Monserrat, presidente de la APDH , en los años de la dictadura lo principal “era defender la vida”.
Caracterizado por el pluralismo Monserrat cuenta a Informes que el vital objetivo es, “es defender y promover los derechos humanos”.
“Reclamar al estado que se cumplan las condiciones económicas necesarias para garantizar los derechos que están en la constitución nacional y que se sancione a los culpables es una lucha permanente, sabemos que no existe la situación ideal”, aclara el activista.
El principal logro que destaca el presidente de la APDH , a lo largo destaca incesante lucha esta la nulidad las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en el año 2003. “Durante la dictadura logramos evitar mayores males, apelando a la solidaridad internacional y ayudamos a investigar, enjuiciar y condenar a muchos responsables de la dictadura”, agrega Miguel Monserrat.

Abuelas de Plaza de Mayo
“Yo recupere a mi nieto hace 9 años atrás lo encontré cuando el tenia 22 años, hoy tiene 30, había nacido en la ESMA. Lo que sentí ese día fue una mezcla de sensaciones, alegría y tristeza a la vez. Porque el encontrar a mi nieto significaba perder a mi hija. Uno siempre tiene la esperanza de que va a aparecer. Pero una vez que supimos que había nacido en la ESMA y todo lo que se hacía ya sabíamos que morían ahí”. Este es el relato que Rosa T. de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hizo a Informes. Rosa es una de las abuelas que pudo conocer a sus nietos, pero muchas de las que integran la asociación todavía no lo han podido hacer.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es “una organización no-gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.”
“No fue, ni es fácil, es muy complicado. Fue muy difícil encontrar los sistemas adecuados de identificación de personas. Pero hemos logrado localizar 98 nietos, no todos al mismo tiempo, algunos los encontramos con 8 o 9 años, otros adolescentes y también otros cuando ya eran hombres y mujeres adultos, con hijos. Estos hijos son la cuarta generación de afectados. Porque el devolverle la identidad a sus padres hace que cambien su identidad, es difícil para un adulto imagínate para un niño”, cuenta Rosa envuelta en un discurso comprometedor con la causa que alberga.
Finalmente la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, expresa: “Es una lucha constante, llegas a una meta e inmediatamente te propone otra. Buscar solidaridad, la lucha científica. Nosotros decimos siempre no queremos que nos devuelvan un nieto queremos que nos devuelvan a nuestros nietos”.

H.I.J.O.S.
Carlos Rice Cabrera es hijo de ex-detenidos. A sus padres los secuestrados en octubre de 1976, y los llevados a un centro clandestino, donde fueron torturados, encarcelados en las peores condiciones, luego “legalizados”, llevados a cárceles comunes y más tarde liberados y exiliados. “Mi viejo era sacerdote tercermundista que trabajaba en las villas junto a los más necesitados y mi vieja militante de la juventud peronista también comprometida desde lo político y lo religioso al trabajo social. Luego en el exilio se casaron, nací yo y mis otras hermanas”, relata Carlos Rice a Informes.
Carlos como tanto otros hijos desaparecidos, ex-detenidos, asesinados, exiliados son parte de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio). Según cuenta a este medio, la organización tiene objetivos “generales y fundacionales”. “Juicio y castigo a todos los genocidas, cómplices, ideólogos y beneficiarios, restitución de la identidad de los mas de 400 jóvenes apropiados, reconstrucción de los lazos sociales rotos por el terrorismo de estado, desmantelamiento del aparato represivo y reivindicación de la lucha de nuestros viejos y sus compañeros”, son algunos de los retos que detalla el militante de H.I.J.O.S.
Tras 14 años de historia y enmarcados en una “lucha de hormiga” como la describen desde las agrupación, Carlos Rice expresa: “Tuvimos muchas victorias y alegrías (como la derogación de las leyes de impunidad, recuperación de la identidad de hermanos, las primeras condenas a Genocidas, la detención del torturador Luis Abelardo Patti, la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos”. Y agrega: “También encontramos piedras en el camino (amenazas a compañeros, una justicia lenta, la desaparición de Jorge Julio López, la absolución a represores en los juicios. Caminamos con la firmeza de que esta es una lucha justa y podemos construir otro futuro, con solidaridad, compromiso, organización, creatividad y alegría” concluye con visión esperanzadora.

Comisión por la memoria
Hace 10 años un grupo de personas referentes del sindicalismo, el ámbito judicial y universitario, legisladores y religiosos de distintos credos se juntaron con el objetivo de abrir el juego a las memorias y experiencias locales, así el 13 de julio de 2000 nacía La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, un organismo público extra-poderes que funciona de manera autónoma y autárquica. La asociación tiene su sede donde por medio siglo había funcionado la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA). Con la asignación del lugar se asumía el compromiso y la responsabilidad de custodiar y gestionar uno de los archivos de inteligencia policial más importante de la Argentina. El nacimiento de la Comisión estuvo signado por las “políticas de la memoria y la búsqueda de la verdad y la justicia”.
Algunos de los espacios de trabajo son el Comité contra la Tortura , creado a partir de la necesidad de intervenir en los casos de abuso policial, la violencia institucional, y sobre todo, la violación masiva de derechos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. Allí se reciben denuncias y se realizan tareas de control e inspección en cárceles, comisarías e institutos de menores. El último informe anual presentado en agosto de este año revelo entre otras cosas que, “durante el año 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación al 2007” .
Jóvenes y Memoria, es un programa que se propone potenciar a la escuela como espacio de elaboración y transmisión intergeneracional de la memoria colectiva. Los adolescentes se apropian de las experiencias pasadas a través de un proceso de investigación que parte desde sus propias preguntas y se significa en la trama de los relatos elaborados por ellos. Con motivo de la celebración de los 10 años de la Comisión el Ministro de educación de la Nación , Alberto Silioni declaró al programa de interés educacional y remarcó que, “el mundo adulto tiene una deuda con los jóvenes, hay que escucharlos más, sus valores, generar un dialogo intergeneracional”.
Claudia Bellingeri, perito del archivo y centro de documentación, de la Comisión provincial de la Memoria , hablo con Informes e hizo un balance de estos años de lucha: “Trabajamos fundamentalmente en la denuncia sobre los casos de crímenes de lesa humanidad, llevamos adelante a través del archivo la presentación de la documentación en casi todos los contra los represores, que se están llevando adelante en argentina”.
Respecto a la labor que lleva adelante el organismo de Derechos Humanos y el producto de esas batallas Bellingeri expresa: “Los resultados son lentos y muchas veces angustiantes, porque a lo mejor después de mucho esfuerzo que se presento algún material para la causa, el represor queda en libertad, o a veces el privado de la libertad que se está defendiendo, es trasladado y sigue adelante el sistema de la crueldad, es un trabajo que necesita de mucha voluntad pero también de mucha decisión política y creemos que es imprescindible realizarlo” . Y Agrega : “Por eso en ese convencimiento de que es imprescindible de que nosotros seamos un actor autónomo dentro de la sociedad , como es la Comisión , que puede al mismo tiempo, aportar desde la conceptualización pero también desde la denuncia es que, tomamos las fuerzas para continuar”.

Desaparecidos en Democracia
Hace 25 años Argentina salía de la etapa más oscura de su historia, donde miles de personas fueron secuestradas torturadas y desaparecidas por pensar distinto.
Sin embargo, y a pesar de estar en democracia, en el país siguen desapareciendo personas, una deuda pendiente con los Derechos Humanos.
Los casos más emblemáticos y resonantes son los del albañil Julio López y del estudiante de Periodismo Miguel Bru.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa en la localidad platense de Los Hornos, para asistir a la audiencia de alegatos en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, y nunca llegó al palacio municipal platense donde se celebraba el juicio.
Dieciséis años atrás, en la Comisaría 9ª de La Plata , Miguel Bru fue detenido, y torturado. El cuerpo nunca apareció, sin embargo, la justicia, en un fallo inédito, condenó a dos policías, el ex oficial Walter Abrigo y el ex sargento Justo López. De todas maneras, el único policía que está preso es Abrigo, puesto que López -pese a haber sido condenado con la máxima pena- fue liberado antes del juicio oral al cumplir tres años de arresto.
Sin López, sin Bru y sin tantos otros que fueron desapareciendo en estos 25 años de democracia, no hay “Nunca más”.